Los facultativos "fallaron" al ejecutar un aborto o se equivocaron en el diagnóstico prenatal
"Yo tengo una hija ahora y no debería tenerla". Quien habla así es una joven escocesa de 20 años que se ha querellado contra el hospital donde se practicó un aborto en 2001, que resultó ser fallido. Iba a tener gemelos, y uno de los bebés sí nació. La madre denuncia que el hospital no se aseguró de que el aborto se hubiera ejecutado con éxito.
La madre, Stacy Dow, reclama al hospital público de Pearth una indemnización de 250.000 libras esterlinas (alrededor de 365.000 euros) por la "carga financiera" de criar a su hija.
El caso de Dox no es excepcional. No son pocos los casos de padres que denuncian a los hospitales por abortos que no tuvieron "éxito" y que terminaron en el nacimiento del niño, o por errores en los diagnósticos prenatales, que llevan a los padres a terminar un embarazo, cuando, de haber sabido que su hijo iba a nacer enfermo, lo habrían abortado.
Lo cierto es que los tribunales les están dando la razón en muchos casos, tanto en países como Gran Bretaña o Francia como en España. Se da así la paradoja de que los hospitales pagan a los padres indemnizaciones por ser "culpables" de que los niños sigan vivos. En la propia Gran Bretaña, una mujer de la ciudad de Stafford obtuvo de su cirujano este mismo año 36.000 libras tras el nacimiento de su bebé, que se suponía que había abortado.
"Caso Perruche"
En Francia, las sentencias por el "error de haber nacido" comenzaron hace ya varios años con el "caso Perruche", el cual se remonta a 1982, cuando Josette Perruche, embarazada, se hizo un examen de rubeola, que dio negativo. Pero se trató de un error médico, y su hijo nació con graves secuelas. La madre había advertido de que en caso de que ella sí padeciera rubeola, abortaría. Los padres acudieron a juicio y obtuvieron una fuerte indemnización por los "daños emocionales" que les causó el error médico. Más tarde, presentaron otra demanda en nombre de su hijo, como perjudicado por el "error de haber nacido". El Tribunal Supremo francés les dio la razón en noviembre de 2000.
El caso conmovió a la opinión pública, y los médicos que practican exámenes prenatales protagonizaron una huelga. Finalmente, la Asamblea Nacional acordó revisar el "caso Perruche" y aprobó un proyecto de enmienda, que no permitiría que los niños denunciaran su nacimiento, pero sí los padres.
El abogado que representó al Estado, Jerry Sainte-Rose, sostuvo que aceptar la demanda supondría reconocer la existencia de un derecho a "no nacer" e incluso el riesgo de eliminación sistemática de los fetos afectados por una minusvalía. El abogado del Estado rechazó que se pueda atribuir al nacimiento de una persona, aunque sea con una grave minusvalía, el carácter de perjuicio merecedor de una reparación.
Pero el Tribunal Supremo francés reconoció lo que llamó "el derecho de los niños a no nacer minusválidos", lo que significa que si un niño no es abortado porque los médicos no se dieron cuenta de que podría nacer con algún tipo de problema, el niño puede ser indemnizado.
En España
En España, la Comunidad Valenciana fue condenada en 2004 a pagar 150.000 euros a una mujer que quedó embarazada con 39 años, y a la que no se le practicaron las pruebas prenatales que se prescriben cuando el embarazo puede presentar riesgos ni se la informó de que a su edad es más frecuente que los niños nazcan con síndrome de Down, como finalmente ocurrió.
La sentencia afirma que a la familia se le ha causado un "profundo" daño moral, así como "desasosiego" e "intranquilidad" por el nacimiento del niño. De haberse practicado las pruebas, habría abortado, y entonces no habría sufrido ese "profundo" daño.
Esta decisión judicial se enmarca dentro de las sentencias que en muchos países están empezando a ser frecuentes, y que hacen referencia al "error" de que un niño haya nacido. En nuestro país sólo se han dado casos de sentencias interpuestas por los padres tras el nacimiento de un niño al que no abortaron por no haber recibido información suficiente, pero ya se han dado casos en los que los hijos denuncian a los médicos. En el caso juzgado en Valencia, como en todos los demás de este tipo, nadie duda de que el niño hubiera nacido en todo caso con el síndrome de Down. El error no fue de tratamiento, ya que no hay tratamiento posible, sino de diagnóstico. Pero lo único que podría haber ocurrido, distinto al nacimiento del niño, es que su madre hubiera abortado.
La sentencia de Valencia señala que los médicos cayeron en un "grave incumplimiento" al no informar a la mujer embarazada de su estado, y de las posibilidades de que su hijo naciera con problemas de salud. Por tanto, los jueces consideran a los médicos responsables.
Miguel Jaque
Promoción y Defensa de la Vida y la Dignidad Humana